Las embarcaciones chinas operan principalmente en la pesca de especies de alto valor comercial, como el calamar gigante (o pota). Esta especie es altamente demandada en el mercado internacional, especialmente en China, donde se utiliza en una variedad de platillos y productos alimenticios. La captura de calamar gigante no solo contribuye a la economía local a través de las licencias de pesca, sino que también promueve el intercambio comercial, abriendo nuevas oportunidades de mercado para Perú.

Además, la presencia de estas embarcaciones fomenta el desarrollo de tecnologías pesqueras avanzadas, que pueden ser transferidas a la industria local. Esto puede resultar en una mejora en las prácticas pesqueras y en la formación de personal capacitado, beneficiando a la comunidad pesquera peruana en su conjunto.

Las actividades pesqueras de las embarcaciones chinas generan ingresos significativos para el Perú a través de tarifas de licencias, impuestos y contribuciones a las economías locales en los puertos. Estos ingresos pueden ser reinvertidos en infraestructura, educación y servicios públicos, lo que a su vez beneficia a las comunidades costeras. Además, el incremento en la actividad pesquera puede estimular la creación de empleos indirectos en áreas como el transporte, la logística y el procesamiento de alimentos.

Por otro lado, la llegada de estas embarcaciones puede promover la competencia en el sector pesquero, lo que podría llevar a una mayor eficiencia y a la mejora de la calidad de los productos pesqueros peruanos, consolidando la reputación del país como un proveedor confiable en el mercado global.

La operación de embarcaciones chinas en aguas peruanas está regulada por normativas nacionales e internacionales que buscan garantizar prácticas de pesca sostenibles. Estos acuerdos aseguran que la pesca se realice dentro de parámetros que protegen las especies marinas y promueven la conservación del ecosistema. La colaboración entre Perú y China en la regulación de la pesca puede ser un modelo a seguir, fortaleciendo las relaciones bilaterales y fomentando un uso responsable de los recursos marinos.

Además, esta regulación crea un marco que permite la inclusión de las comunidades locales en la gestión de recursos, asegurando que los beneficios derivados de la pesca se distribuyan de manera más equitativa.